Más de dos semanas después de su aprobación en el Congreso Nacional, la Ley de Justicia Energética todavía debe completar su revisión, pasar por la sanción presidencial y llegar al diario oficial para adquirir vigencia.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La reforma que promete modificar una parte importante del funcionamiento del sector eléctrico hondureño continúa atrapada en su etapa administrativa final: la Ley de Justicia Energética aún no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, pese a que fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 31 de agosto.
La normativa recibió 78 votos favorables durante su tercer y último debate. Sin embargo, los cambios introducidos durante la discusión obligaron a una revisión del texto antes de remitirlo al Poder Ejecutivo, según las explicaciones ofrecidas por el diputado Eder Mejía.
Una revisión mantiene pendiente el siguiente paso
Los reportes disponibles hasta el 16 de septiembre ubicaban el documento en un proceso de revisión técnica dentro del Congreso Nacional, con participación de la Comisión de Estilo y personal de la Secretaría legislativa.
La revisión busca verificar el contenido final luego de las modificaciones efectuadas durante la discusión de los artículos. Cumplido ese procedimiento, el decreto deberá ser remitido a Casa Presidencial para continuar con la fase de sanción.
Mejía ha señalado que ese paso podría completarse en un período corto. La expectativa expresada por el legislador es que el documento pueda ser enviado al Ejecutivo para posteriormente avanzar hacia su publicación oficial.
Sin publicación todavía no existe plena vigencia
El punto resulta determinante porque la propia normativa establece que su entrada en vigor se producirá después de aparecer publicada en La Gaceta. Mientras ese requisito no se complete, las nuevas disposiciones no producen todavía los efectos jurídicos previstos.
La reforma aprobada introduce modificaciones relacionadas con la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la contratación de energía, las tarifas, las pérdidas del sistema y otras áreas del subsector eléctrico.
De allí que el trámite administrativo posterior a la votación haya adquirido importancia nacional: una cosa es la aprobación legislativa; otra, la conclusión del procedimiento necesario para que la ley pueda comenzar a aplicarse.
El calendario energético también entra en escena
Mejía ha relacionado la necesidad de completar el proceso con las futuras contrataciones de generación eléctrica, en un escenario marcado por las necesidades de abastecimiento energético.
El diputado también ha mencionado la eventual contratación de hasta 600 megavatios adicionales, en caso de que las autoridades determinen que esa capacidad resulta necesaria para atender la demanda.
Por ahora, el punto central permanece abierto: el Congreso debe concluir la revisión, remitir el decreto al Poder Ejecutivo y posteriormente deberá completarse la publicación en La Gaceta.
Hasta que esa cadena institucional finalice, la Ley de Justicia Energética continuará siendo una normativa aprobada por el Legislativo, pero pendiente de cumplir los pasos que determinarán su entrada efectiva en vigencia. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
