El descarte del 90% de los apoyos ciudadanos por parte del RNP frena la acusación contra la cúpula parlamentaria, encendiendo las alarmas por el uso de filtros burocráticos para neutralizar el control popular.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – En lo que diversos sectores sociales catalogan como una maniobra de autopreservación, la directiva del Congreso Nacional ordenó enviar al archivo la solicitud de juicio político contra más de 80 diputados. La decisión se amparó en un devastador y cuestionado dictamen del Registro Nacional de las Personas (RNP), que invalidó de un plumazo más de 11 mil firmas presentadas por la ciudadanía, sepultando de raíz el intento de exigir cuentas a la clase política por sus decisiones en el sector agroindustrial.
El punto de mayor fricción radica en el brutal tijeretazo técnico: de las más de 12 mil firmas movilizadas desde los departamentos de Colón y Atlántida, el RNP únicamente validó 1,710, asegurando que 11,281 no coincidían con sus bases de datos. Al declarar que no se alcanzó el umbral legal de 3,000 firmas, la presidencia parlamentaria instruyó el cierre inmediato del expediente, evitando que la cámara tuviera que discutir de cara al país la actuación de los legisladores.
El trasfondo del conflicto salpica directamente a la cúpula legislativa y a los diputados que firmaron las reconsideraciones al acta sobre la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Los promotores de la iniciativa acusan a los congresistas de haber favorecido intereses particulares en proyectos de energía, turismo y producción agrícola, en detrimento de las comunidades y los pequeños productores del litoral atlántico.
¿Se convirtió el RNP en el escudo protector de los diputados?
El procedimiento aplicado genera una profunda grieta institucional. La legislación exige la validación previa del RNP para activar las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, que el organismo registral anule el 90% de los respaldos presentados levanta duras interrogantes: ¿existe una falla estructural en los formularios de recolección o se están instrumentalizando las trabas burocráticas para blindar a los parlamentarios frente al juicio político y la exigencia de 86 votos en el pleno?
La indignación territorial amenaza con salirse del marco parlamentario
Al cerrar la puerta del juicio político en los despachos de Tegucigalpa, el Congreso no desactivó la crisis; únicamente la devolvió a las calles. Para las organizaciones de Colón y Atlántida, la anulación masiva de firmas representa una bofetada a la democracia participativa y un mensaje de impunidad corporativa.
El archivo del expediente protege temporalmente a la bancada firmante, pero deja al descubierto la fractura entre los legisladores y las bases territoriales. Mientras el Congreso intenta dar vuelta a la página, la ciudadanía del norte del país advierte que el descarte formal de sus firmas no borra el reclamo social contra una ley agroindustrial que consideran lesiva para la nación. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
