Cambiar quórums, acelerar resultados o modificar algunas funciones de las mesas puede corregir fallas concretas, pero Honduras enfrenta un desafío mayor: reconstruir la confianza en todo el sistema electoral. Una reforma de fondo tendría que intervenir desde la independencia del árbitro hasta el dinero de las campañas, la segunda vuelta, el padrón, la justicia electoral, las mesas receptoras y la trazabilidad absoluta del voto.
Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Honduras puede modificar veinte, treinta o cincuenta artículos electorales sin necesariamente transformar las raíces de su sistema político. El proyecto que llega al debate legislativo plantea cambios importantes en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), las Juntas Receptoras de Votos, la transmisión de resultados y los escrutinios especiales. También pretende impedir que la ausencia de un consejero paralice decisiones del organismo. Pero una pregunta queda instalada sobre la mesa: ¿eso representa una reforma electoral integral o una reparación de los problemas que explotaron en 2025?.
La propuesta tiene elementos que merecen discusión seria, entre ellos incorporar ciudadanos en determinadas funciones técnicas de las mesas y anticipar la preparación de los sistemas de resultados. Sin embargo, mantiene tres de las cinco posiciones de las JRV en manos de los partidos que obtuvieron mayor votación presidencial, reservando únicamente secretaría y escrutinio para ciudadanos seleccionados mediante sorteo. También deja fuera de la iniciativa planteada el balotaje o segunda vuelta presidencial. Esa combinación permite sostener que el debate nacional todavía tiene espacio para ir considerablemente más lejos.
El árbitro antes que el marcador
Una verdadera transformación tendría que comenzar por discutir cómo construir un CNE institucionalmente fuerte, técnicamente profesional e independiente de las cuotas partidarias. No basta con evitar que un consejero pueda detener una sesión si la lógica política continúa dominando decisiones administrativas, contrataciones o nombramientos técnicos. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea colocó precisamente entre sus recomendaciones prioritarias fortalecer la capacidad, independencia y rendición de cuentas del CNE, protegerlo de la injerencia partidaria e incorporar mecanismos internos contra la parálisis política. Esa discusión apunta al corazón del modelo, no únicamente al número de personas necesarias para aprobar una resolución.
Una reforma integral podría abrir el debate sobre una carrera electoral técnica permanente, concursos públicos para puestos especializados, reglas estrictas sobre conflictos de interés, publicación inmediata de resoluciones y auditorías externas periódicas. Los partidos deben fiscalizar el proceso, competir dentro de él y defender sus votos, pero otra cosa es controlar administrativamente al árbitro encargado de organizar la elección. Profesionalizar al CNE significaría reducir la dependencia de estructuras temporales que cambian conforme cambia el mapa político. La confianza no nace porque dos consejeros puedan decidir; nace cuando la ciudadanía sabe que la institución funciona aunque cambien los partidos.
Mesas ciudadanas de verdad
La llamada ciudadanización también merece una discusión más profunda. Si tres puestos de cada JRV permanecen asignados a las principales fuerzas partidarias, Honduras estaría reduciendo parcialmente la presencia política, no eliminándola del núcleo operativo de la mesa. Una alternativa más ambiciosa sería estudiar JRV integradas por ciudadanos seleccionados mediante mecanismos públicos, aleatorios, verificables, capacitados y certificados, dejando a los partidos una fiscalización amplia mediante observadores acreditados. Eso separaría dos funciones que durante décadas se han mezclado: administrar la votación y defender intereses partidarios.
La capacitación tampoco debería reducirse a una jornada previa a las elecciones. Un sistema profesional exigiría evaluaciones, simulaciones, protocolos uniformes, suplentes certificados y responsabilidades claramente establecidas por incumplimientos. Cada acta tendría que recorrer una cadena verificable desde la mesa hasta el cómputo nacional, con imagen pública, registro de cada modificación y mecanismos para reconstruir cualquier incidencia. La elección tendría que poder ser auditada desde el papel hasta la pantalla sin depender de la confianza ciega en un proveedor tecnológico.
Segunda vuelta: la reforma que toca la Constitución
El balotaje plantea un debate distinto porque Honduras elige actualmente a la Presidencia por simple mayoría de votos, conforme al artículo 236 de la Constitución. Incorporar una segunda vuelta exigiría modificar como mínimo esa disposición constitucional y seguir el procedimiento de reforma establecido en el artículo 373. Ese mecanismo requiere dos tercios de la totalidad del Congreso y ratificación por igual número de votos en la siguiente legislatura ordinaria. Por eso, una discusión seria sobre segunda vuelta necesita salir del terreno de las consignas partidarias y entrar al terreno constitucional.
El país tendría que decidir qué umbral activaría una segunda votación, qué plazo existiría entre ambas jornadas, cómo se financiaría y qué reglas regirían la campaña adicional. También tendría que estudiar su impacto sobre legitimidad, gobernabilidad, costos y alianzas políticas sin asumir que el mecanismo resolverá automáticamente todos los problemas democráticos. Lo importante es que el tema no sea defendido cuando un partido está en oposición y olvidado cuando alcanza el poder. Las reglas electorales deben diseñarse para Honduras, no para la conveniencia de quien ocupa temporalmente la silla más alta.
Dinero, padrón, tecnología, justicia
Una reforma verdaderamente estructural tampoco puede dejar en segundo plano el financiamiento político-electoral, la fiscalización del uso de recursos públicos, la calidad del padrón, los mecanismos de impugnación ni la justicia electoral. La observación internacional evalúa precisamente esas dimensiones porque una elección no comienza cuando abre una urna ni termina cuando aparece un porcentaje en una pantalla. La propia metodología de la MOE UE analiza integridad del registro electoral, financiamiento, recursos estatales, medios, tecnología, votación, conteo, recursos e impugnaciones. Una elección puede tener tecnología moderna y continuar siendo desigual si el dinero, la institucionalidad o las reglas de competencia permanecen opacos.
Honduras podría debatir reportes financieros más inmediatos, información pública accesible sobre ingresos y gastos de campaña, sanciones efectivas y controles capaces de impedir ventajas ilegítimas derivadas del uso de bienes estatales. También necesita mecanismos permanentes de depuración y auditoría del padrón, procedimientos rápidos para resolver controversias y un Tribunal de Justicia Electoral capaz de funcionar sin parálisis. La tecnología debe estar bajo control institucional del CNE, probada y auditada con suficiente anticipación, precisamente como recomendó la misión europea. El software puede acelerar un resultado; solamente reglas creíbles pueden legitimar una elección.
La verdadera reforma electoral hondureña no debería medirse por cuántos artículos fueron modificados, sino por cuántos espacios de discrecionalidad, interferencia política y desconfianza fueron eliminados. El objetivo final tendría que ser sencillo de explicar: que el ciudadano vote, que su voto quede registrado exactamente como fue emitido, que pueda seguirse hasta el resultado y que ninguna fuerza política tenga capacidad unilateral para capturar o paralizar el proceso. Ese estándar exige más que retoques administrativos. Honduras necesita reglas capaces de sobrevivir al partido que gobierna, al partido que pierde y al partido que todavía no existe. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
