Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – Tomás Zambrano intenta cerrar el debate asegurando que la ENEE no será privatizada, pero la discusión nacional ya entró en una zona mucho más incómoda: el problema no es solo vender o no vender la estatal, sino definir quién se queda con el negocio rentable del sistema eléctrico hondureño.
La reforma energética vuelve a colocar al país frente a una pregunta de alto voltaje político: si los privados terminan capturando los clientes más fuertes, los grandes consumidores y los espacios de mayor rentabilidad, mientras la ENEE conserva la mora, las pérdidas y la presión social, ¿realmente se estaría fortaleciendo la empresa pública?
La respuesta oficial insiste en que no habrá privatización. Pero esa frase, por sí sola, no despeja la alarma. En Honduras, una institución estratégica puede debilitarse sin ser vendida formalmente. Puede perder mercado, margen financiero, capacidad competitiva y fuerza operativa hasta quedar reducida a una estructura pública cargada de problemas.
Ese es el punto que incomoda al poder.
La ENEE no solo representa cables, plantas, facturas y apagones. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es una pieza central de la economía hondureña. De su futuro dependen las tarifas, la industria, la inversión, la estabilidad fiscal, el servicio en los hogares y la capacidad del Estado para sostener un sector estratégico bajo control público.
Por eso, el debate no puede quedarse en una frase política. Decir que la ENEE no se privatiza no basta si la reforma termina trasladando el corazón del negocio eléctrico hacia actores privados.
La advertencia técnica planteada por el ingeniero Dennis Rivera ha elevado la tensión. Su lectura apunta a que ENEE Generación podría quedar limitada durante años a vender energía únicamente a ENEE Distribución, mientras generadores privados tendrían mayor margen para negociar con grandes consumidores industriales y comerciales.
Ese detalle es clave.
Los grandes consumidores son los clientes más atractivos del mercado eléctrico. Representan mayor capacidad de pago, mayor estabilidad financiera y mejores condiciones para sostener ingresos fuertes. Si ese segmento se abre con ventaja para privados y se restringe para la estatal, la ENEE quedaría compitiendo con una mano amarrada.
En términos simples: el negocio bueno podría salir de la ENEE, mientras la parte pesada seguiría en manos del Estado.
Ahí se desarma el discurso cómodo. Porque la privatización del siglo XXI no siempre llega con una venta pública, un rótulo oficial o una firma solemne. A veces llega mediante reglas técnicas, contratos, restricciones, comercializadores, segmentos de mercado y decisiones legales que cambian el equilibrio del sistema sin decirlo de frente.
Zambrano sostiene que la reforma busca fortalecer la gobernanza, mejorar el servicio, reducir pérdidas y avanzar hacia tarifas más competitivas. Esa promesa suena necesaria en un país cansado de apagones, facturas altas y discursos repetidos sobre la crisis energética.
Pero la pregunta sigue abierta: ¿fortalecer para quién?, ¿modernizar bajo qué reglas?, ¿ordenar el sistema a favor de la ENEE o abrir espacio para que otros capturen lo más rentable?
La preocupación crece porque ENEE Distribución podría quedar concentrada en usuarios residenciales, instituciones públicas con mora y sectores con mayor riesgo financiero. Ese escenario dejaría a la estatal absorbiendo la parte social y deficitaria del modelo, mientras el mercado más apetecido se mueve hacia operadores privados.
Si eso ocurre, Honduras no estaría frente a una reforma para rescatar la ENEE, sino ante un rediseño donde la empresa pública conserva el problema y otros actores acceden a la oportunidad.
La comparación con Hondutel aparece inevitablemente en la conversación ciudadana. El país ya conoce el guion: primero se habla de ineficiencia, luego se justifica la apertura, después se pierde competitividad y finalmente el mercado rentable queda fuera del alcance de la empresa estatal.
Ese recuerdo pesa porque Honduras ha visto cómo instituciones públicas estratégicas fueron perdiendo terreno mientras se prometía eficiencia. Por eso, cualquier reforma sobre la ENEE necesita más claridad, más garantías y menos discursos defensivos.
La situación se vuelve todavía más delicada con el señalamiento del diputado liberal Francis Cabrera, quien colocó la deuda privada en el centro del debate. Su planteamiento es directo: antes de reformar, antes de abrir más puertas y antes de exigir nuevos sacrificios al Estado, se debe cobrar lo que grandes deudores le deben a la ENEE.
Cabrera ha señalado que la deuda de la empresa privada con la estatal superaría los 20 mil millones de lempiras, una cifra capaz de cambiar por completo la discusión financiera. Si ese dinero existe como obligación pendiente, entonces el país merece saber quién debe, cuánto debe, desde cuándo debe y por qué no se ha recuperado con la fuerza institucional necesaria.
Ese punto golpea la credibilidad del proceso.
Porque no se puede hablar de rescatar la ENEE mientras se ignora el peso de la mora privada. No se puede presentar la reforma como única salida si antes no se exige responsabilidad a quienes tienen capacidad económica para pagar. No se puede pedir paciencia al pueblo mientras los grandes pendientes siguen sin una respuesta transparente.
El ciudadano común ya conoce esa historia: cuando hay pérdidas, las paga el usuario; cuando hay deuda, la absorbe el Estado; cuando hay ajustes, golpean al hogar; pero cuando aparece el negocio, otros se colocan en primera fila.
Esa es la fibra social que esta reforma está tocando.
La ENEE necesita modernización, sí. Necesita orden financiero, también. Necesita eficiencia, inversión, reducción de pérdidas, mejor servicio y una estructura que responda a la realidad del país. Pero nada de eso justifica un modelo donde la estatal termine debilitada, con menos clientes estratégicos y más carga económica.
El Congreso Nacional tiene la obligación de responder con precisión. Debe explicar qué pasará con los grandes consumidores, qué límites tendrán los comercializadores privados, cómo competirá ENEE Generación, cómo se protegerán los ingresos de la estatal y qué impacto real tendrá la reforma en las tarifas.
También debe explicar cómo se cobrará la deuda privada. Porque si existen más de 20 mil millones de lempiras pendientes, ese tema no puede quedar como nota al margen. Debe ser parte central del rescate, no un detalle incómodo que se esconde detrás del lenguaje técnico.
Zambrano puede negar la privatización todas las veces que quiera. Pero la verdadera prueba no está en la frase, sino en el diseño final de la reforma. Si la ENEE queda con las pérdidas y el sector privado con el negocio, la ciudadanía entenderá el mensaje sin necesidad de que nadie pronuncie la palabra privatización.
Honduras no necesita una reforma escrita para tranquilizar discursos. Necesita una reforma diseñada para proteger el interés nacional.
La energía eléctrica no es un negocio cualquiera. Es seguridad económica, competitividad, vida diaria, desarrollo industrial y estabilidad social. Por eso, cualquier cambio debe pasar por luz pública, debate serio, cuentas claras y garantías reales para que la ENEE no termine convertida en una empresa pública debilitada por dentro.
La ENEE no se defiende con promesas de micrófono; se defiende conservando mercado, cobrando deudas, protegiendo sus ingresos y evitando que la modernización se convierta en una ruta elegante hacia el negocio privado. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
