Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El nuevo trancazo energético cae como una descarga directa sobre el bolsillo hondureño y coloca al poder Ejecutivo frente a una pregunta que incomoda: ¿hasta dónde la CREE actúa con independencia real y hasta dónde termina cargando políticamente una decisión que golpea a millones de usuarios?.
Aunque la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica presume autonomía técnica, su condición de órgano adscrito a la Presidencia de la República abre un debate explosivo en el país: cuando sube la energía, la factura no solo llega a las casas, también llega al despacho presidencial.
El aumento en la tarifa eléctrica vuelve a encender la molestia social en un momento delicado para Honduras. Familias, pequeños negocios, pulperías, emprendedores, talleres, restaurantes y hogares de clase media enfrentan una nueva presión económica mientras el discurso oficial intenta presentar los ajustes como una medida técnica inevitable.
Pero en política, lo técnico nunca está completamente separado de lo humano.
El pueblo no recibe fórmulas, recibe facturas. No paga comunicados, paga recibos. No siente la explicación regulatoria, siente el golpe cuando debe escoger entre reducir consumo, recortar alimentos, atrasar pagos o cargar con otro peso sobre una economía familiar ya castigada.
La CREE, encabezada por sus comisionados, tiene facultades legales para revisar, aprobar y ajustar tarifas del mercado eléctrico nacional. Sin embargo, el hecho de que esté vinculada administrativamente al Ejecutivo convierte cada decisión tarifaria en una señal política de alto voltaje.
Ahí nace el punto más incómodo para el Gobierno de Nasry Asfura: aunque la resolución salga con sello técnico, el costo político termina instalado en Casa Presidencial.
La narrativa oficial puede insistir en que la CREE decide con independencia funcional, presupuestaria y técnica. Pero la percepción ciudadana se mueve por otra vía: si el ente regulador está adscrito a la Presidencia, el golpe tarifario difícilmente será visto como una decisión aislada, neutral o despegada del poder político.
El trancazo energético llega además en un país donde la ENEE sigue siendo símbolo de crisis, deuda, apagones, contratos cuestionados, promesas incumplidas y desconfianza acumulada. Cada ajuste en la tarifa revive una herida nacional: la sensación de que el ciudadano siempre termina pagando los errores de planificación, los costos de la ineficiencia y el desorden de un sistema eléctrico que nunca termina de estabilizarse.
El Gobierno enfrenta así una tormenta de percepción. Por un lado, necesita sostener la operatividad del sistema eléctrico. Por otro, debe explicar por qué la carga vuelve a caer sobre el usuario final en lugar de sentirse una cirugía profunda contra el despilfarro, las pérdidas, la mora, los abusos y la opacidad del sector energético.
El golpe no es menor. La energía eléctrica no es un lujo. Es comida refrigerada, internet para estudiar, máquinas para trabajar, luz para vender, seguridad en los barrios y funcionamiento básico de la vida diaria.
Por eso, cuando sube la tarifa, sube también la indignación.
El Ejecutivo no puede esconderse detrás del lenguaje técnico de la CREE como si la política no tuviera responsabilidad. En un país golpeado por la inflación, el desempleo, el endeudamiento familiar y la fragilidad de los pequeños negocios, cada centavo adicional en la factura eléctrica tiene efecto multiplicador.
Aumenta el costo de producir. Aumenta el costo de vender. Aumenta el costo de vivir.
Y cuando eso ocurre, el poder debe responder de frente.
La administración Asfura queda obligada a explicar si este ajuste forma parte de una estrategia energética seria, transparente y socialmente responsable, o si Honduras vuelve a entrar en el ciclo de siempre: crisis en la ENEE, ajuste tarifario, malestar ciudadano y silencio político hasta el siguiente golpe.
La CREE podrá defender sus cálculos, sus fórmulas y su mandato regulatorio. Pero el Ejecutivo carga con la responsabilidad superior de garantizar que las decisiones técnicas no se conviertan en castigo social.
Porque en la Honduras real, la factura eléctrica no se discute en escritorios: se sufre en hogares, negocios y comunidades.
El trancazo energético deja una advertencia clara: si el Gobierno no transparenta el costo real de la crisis eléctrica, la población terminará interpretando cada aumento como una orden política disfrazada de decisión técnica.
Y esa percepción, en tiempos de tensión social, puede ser más peligrosa que cualquier megavatio.
Honduras necesita energía estable, sí, pero también necesita autoridad, transparencia y sensibilidad social. Gobernar no es trasladar el costo de la crisis al pueblo; gobernar es asumir responsabilidad cuando el sistema vuelve a fallar. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
