Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La reforma energética dejó de ser un simple debate técnico para convertirse en una bomba política contra el Gobierno, porque la ciudadanía ya no solo pregunta si la ENEE será privatizada: ahora exige saber quién está detrás del negocio, quién lo empuja, quién lo financia, quién lo redactó, quién lo operará y quién terminará cobrando la factura al hondureño.
El oficialismo insiste en negar la privatización, pero esa defensa empieza a sonar insuficiente frente a un país que ya vivió el experimento de EEH, un modelo presentado como solución durante gobiernos nacionalistas, pero recordado por amplios sectores como uno de los capítulos más cuestionados del manejo energético en Honduras.
La comparación golpea directo al poder.
Porque antes también se habló de modernización. También se prometió reducción de pérdidas. También se vendió eficiencia. También se usó la crisis como justificación. También se aseguró que el país necesitaba medidas urgentes. Y al final, la población terminó con más dudas, más reclamos, más facturas pesadas y una sensación de que el negocio eléctrico se manejó lejos de los ojos del pueblo.
Ahora, con la reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Gobierno enfrenta una pregunta que puede convertirse en crisis nacional: ¿estamos ante el rescate de la ENEE o ante una EEH 2.0 recargada?
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, defendió las reformas energéticas y negó que el proyecto esté orientado a privatizar la estatal. Según el planteamiento oficial, la iniciativa busca reducir pérdidas, mejorar el servicio, bajar el déficit financiero y fortalecer el sistema eléctrico nacional.
Pero el problema político no está solo en lo que se dice.
El problema está en lo que no se explica.
¿Dónde está el texto completo de la reforma?
¿Quiénes participaron en su diseño?
¿Qué empresas podrían beneficiarse?
¿Qué operadores están interesados?
¿Qué contratos nacerán después?
¿Qué grupos económicos están cerca del proceso?
¿Qué funcionarios están empujando esta ruta?
¿Qué sectores privados ya conocen el alcance real del proyecto?
La ENEE no es una empresa cualquiera. Aunque desde el poder se le presente como quebrada, ineficiente y llena de pérdidas, sigue siendo una de las instituciones más estratégicas del Estado hondureño. Maneja energía, redes, distribución, facturación, contratos, generación, subsidios, demanda nacional y poder económico.
Por eso la narrativa oficial tiene un problema de credibilidad.
Si la ENEE no vale nada, ¿por qué tanto interés?
Si es una carga para el Estado, ¿por qué tantos quieren reformarla?
Si está quebrada, ¿por qué el negocio eléctrico sigue siendo tan atractivo?
Si no hay privatización, ¿por qué no se abre todo el proceso con absoluta transparencia?
La ciudadanía no está obligada a creer por fe. Honduras ya aprendió que la privatización moderna no siempre llega con una venta directa. A veces entra disfrazada de alianza, operador, fideicomiso, concesión, administración delegada, contrato técnico, inversión estratégica o modernización institucional.
El nombre cambia. El fondo puede ser el mismo.
Ese es el temor que hoy incomoda al Gobierno.
La reforma energética puede terminar convirtiéndose en el nuevo campo de batalla político del país, porque toca un nervio demasiado sensible: la energía eléctrica, el bolsillo del pueblo, los contratos millonarios, la confianza pública y el control de una empresa que sigue siendo vital para la economía nacional.
El antecedente de EEH pesa como una sombra. No porque ambos procesos sean idénticos, sino porque la lógica política se parece demasiado: primero se declara la emergencia, luego se presenta una solución urgente, después aparecen figuras técnicas difíciles de entender, más tarde entran operadores o intereses privados, y al final el pueblo termina pagando las consecuencias.
Honduras no puede volver a aceptar un libreto escrito en oficinas cerradas.
El Gobierno debe entender que negar no es explicar. Repetir que no hay privatización no basta. Decir que los activos seguirán siendo del Estado no responde la pregunta clave: quién controlará las áreas rentables, quién administrará los flujos financieros, quién manejará los contratos y quién tendrá poder real sobre el sistema eléctrico.
Porque una empresa puede seguir siendo estatal en el papel, mientras el negocio se mueve por debajo mediante contratos diseñados para trasladar control, cobro, operación o beneficios a otros actores.
Ese es el punto explosivo.
La ENEE tiene fallas graves. Tiene pérdidas. Tiene una historia marcada por mala administración, clientelismo, deuda, corrupción, improvisación y decisiones políticas que la han debilitado. Pero precisamente por eso, antes de cualquier reforma, el país necesita una auditoría profunda, nombres claros, responsables identificados y contratos expuestos.
No se puede pedir confianza cuando el pueblo todavía no sabe quiénes están detrás de la arquitectura energética que se pretende aprobar.
Si la reforma es limpia, debe publicarse completa.
Si es para rescatar la ENEE, debe permitir auditoría ciudadana.
Si no privatiza, debe demostrarlo artículo por artículo.
Si no hay negocio bajo la mesa, el Gobierno debe revelar quiénes se benefician directa o indirectamente.
La crisis política no nace de la oposición. Nace de la opacidad. Nace del recuerdo de EEH. Nace de una ciudadanía cansada de que los grandes negocios públicos se presenten como salvación nacional, mientras las consecuencias terminan cayendo sobre la factura del hondureño común.
La ENEE no puede convertirse en botín. No puede ser rediseñada en silencio. No puede ser entregada por partes bajo lenguaje técnico. No puede ser usada como excusa para repetir errores que el país ya pagó caro.
El Gobierno está frente a una prueba de fuego. O abre completamente la reforma, revela nombres, contratos, beneficiarios, operadores y alcances reales, o tendrá que enfrentar una sospecha cada vez más grande: que detrás del discurso de rescate se está cocinando el negocio energético más delicado de los últimos años.
Honduras no necesita otra EEH maquillada de modernización; necesita una ENEE pública, transparente, auditada y defendida de cualquier negocio oscuro. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
