Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Congreso Nacional vuelve a quedar bajo sospecha política al postergar, por falta de consensos, la elección de autoridades permanentes en los órganos electorales, una decisión que no solo retrasa nombramientos: expone al país a una nueva crisis de confianza democrática.
La advertencia del diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas golpea de frente al Legislativo: la elección definitiva de sustitutos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral podría quedar hasta enero de 2027 porque hoy no existen los 86 votos necesarios para aprobar una mayoría calificada.
El mensaje es explosivo. Honduras no está frente a un simple atraso administrativo. Está frente a un Congreso incapaz de resolver uno de los temas más delicados del sistema político nacional, mientras el país exige reglas claras, árbitros fuertes y garantías reales antes de volver a entrar en una contienda electoral de alta tensión.
La falta de acuerdos desnuda una verdad incómoda: las bancadas hablan de democracia, pero no logran construir el consenso mínimo para blindar el sistema electoral. Y cuando el Congreso falla en esa tarea, no falla solo una institución; falla el equilibrio democrático completo.
Rivera admitió que los nombramientos permanentes por renuncia, muerte o juicio político podrían quedar para el próximo año. En términos políticos, eso significa que Honduras podría seguir caminando con estructuras provisionales en instituciones que deberían estar blindadas contra la improvisación, la presión partidaria y el cálculo de coyuntura.
El problema no es únicamente quién ocupará los cargos. El problema de fondo es quién controla el reloj político, quién gana tiempo con el bloqueo, quién se beneficia del desgaste institucional y quién pretende llegar a las próximas elecciones con reglas incompletas, órganos frágiles y dudas sembradas en la ciudadanía.
El país ya conoce demasiado bien el costo de las elecciones cuestionadas. Cada retraso del Congreso aumenta la sospecha pública, alimenta la confrontación y erosiona la legitimidad de un sistema electoral que necesita fortaleza, no parches.
Rivera también mencionó que no existe, hasta ahora, una solicitud formal de licencia de consejeras electorales, aunque reconoció que los organismos podrían sostenerse mediante nombramientos interinos. Esa posibilidad abre una alarma mayor: convertir la provisionalidad en método político.
Honduras no puede normalizar interinatos en el corazón de su democracia. El CNE y el TJE no son oficinas decorativas ni espacios para negociaciones eternas. Son instituciones que sostienen la credibilidad del voto, la resolución de conflictos y la paz política después de una elección.
El Congreso, sin embargo, parece atrapado en su propio laberinto. Mientras el país reclama reformas serias, la clase política vuelve a exhibir el mismo patrón: discursos solemnes, acuerdos bloqueados, cálculos partidarios y una peligrosa incapacidad para actuar antes de que la crisis explote.
Rivera planteó que deben avanzar reformas al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, incluyendo la ciudadanización de las mesas electorales, la modernización del TREP y la eventual discusión de una segunda vuelta electoral.
Pero esas reformas no pueden convertirse en otro paquete de promesas para entretener al país. La ciudadanía no necesita titulares vacíos ni mesas políticas sin resultados. Necesita un sistema electoral moderno, transparente, verificable y protegido de los intereses que históricamente han contaminado la confianza pública.
La ciudadanización de las mesas electorales debe discutirse con seriedad, no como consigna. El TREP debe modernizarse con controles reales, no con discursos técnicos de ocasión. La segunda vuelta electoral debe evaluarse como una reforma de Estado, no como moneda de cambio entre bancadas.
La crisis está servida porque el Congreso tiene en sus manos una responsabilidad que ya no puede esconder. Si los diputados no logran acuerdos, deberán cargar con el costo político de mantener en suspenso la estabilidad electoral del país.
Honduras no puede llegar a 2027 con instituciones electorales debilitadas, reformas congeladas y nombramientos atrapados por cálculos de poder. El país necesita certezas, no excusas. Necesita reglas, no maniobras. Necesita Congreso, no bloqueo.
Si el Congreso Nacional no resuelve la crisis electoral con altura, la ciudadanía tendrá derecho a preguntarse si el problema es la falta de votos o la falta de voluntad para construir democracia real. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
