Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La reforma eléctrica que el Gobierno impulsa bajo el discurso de energía como Seguridad Nacional ya no puede venderse como una simple modernización administrativa. Honduras está frente a una decisión de alto riesgo nacional: proteger los bienes del Estado o permitir que la crisis de la ENEE sea usada como excusa para partir el sistema eléctrico en pedazos.
El punto de fondo es claro: la ENEE no debe disfrazarse, fragmentarse ni entregarse al mejor postor bajo una narrativa de rescate. Si la energía es realmente un tema de Seguridad Nacional, entonces el deber del Gobierno no es debilitar el patrimonio público, sino blindarlo, asegurarlo, hacerlo rentable y convertirlo en una empresa fuerte al servicio del país.
La crisis existe. La deuda es pesada. Las pérdidas golpean. El sistema necesita cirugía profunda. Pero ninguna crisis autoriza al Estado a entregar activos estratégicos sin transparencia, sin debate público, sin reglas claras y sin garantías de que el patrimonio nacional seguirá bajo control de Honduras.
La energía no es una mercancía cualquiera.
Es poder económico.
Es soberanía.
Es salud pública.
Es educación.
Es industria.
Es empleo.
Es seguridad.
Es vida nacional.
Por eso, si el Gobierno pretende declarar el sector eléctrico como asunto estratégico, debe comenzar por asumir una responsabilidad histórica: proteger cada bien de la ENEE como patrimonio nacional, revisar sus activos, asegurar sus instalaciones, ordenar sus finanzas, recuperar pérdidas, cerrar fugas de corrupción y convertir sus áreas operativas en empresas rentables, eficientes y auditables.
Lo contrario sería una contradicción peligrosa.
No se puede hablar de Seguridad Nacional mientras se deja abierta la puerta a esquemas que podrían terminar entregando generación, transmisión, distribución, contratos, redes, negocios rentables o áreas estratégicas a intereses privados sin suficiente control ciudadano.
Una reforma seria debe responder preguntas que el país tiene derecho a escuchar:
¿Quién controlará los activos de la ENEE?
¿Qué bienes serán protegidos como patrimonio nacional?
Qué áreas podrían pasar a manos privadas mediante concesiones, alianzas o contratos?
Quién pagará la deuda acumulada?
Quién asumirá las pérdidas?
Cómo se evitará que el Estado conserve lo quebrado mientras otros se quedan con lo rentable?
Esa es la verdadera alarma.
Honduras no puede permitir una reforma donde las pérdidas se socialicen y las ganancias se privaticen. No puede aceptar una modernización que deje al pueblo pagando la factura mientras grupos con poder económico capturan las partes más atractivas del negocio eléctrico.
La ENEE debe reformarse, sí. Pero debe reformarse para salvarla, no para liquidarla lentamente.
Debe dividir funciones si eso mejora la eficiencia, pero no para desmembrar el patrimonio estatal. Debe crear empresas especializadas, pero con control público, auditoría independiente, gobierno corporativo serio y metas de rentabilidad. Debe atraer inversión, pero sin vender soberanía energética. Debe modernizarse, pero no convertirse en una caja abierta para negocios oscuros.
El Gobierno debe demostrar que esta reforma no será otra operación política disfrazada de solución técnica.
Porque cuando un Estado declara la energía como Seguridad Nacional, el estándar de transparencia debe subir, no bajar. Los contratos deben ser más visibles. Las decisiones deben ser más auditables. Los funcionarios deben estar más vigilados. Los activos deben estar más protegidos.
La ENEE no necesita maquillaje. Necesita carácter estatal.
Necesita administración profesional.
Necesita reducción real de pérdidas.
Necesita combate frontal al hurto de energía.
Necesita recuperación de la cultura de pago.
Necesita inversión en transmisión y distribución.
Necesita rendición de cuentas.
Necesita convertirse en una empresa rentable, no en una excusa para repartir poder.
El Congreso Nacional tampoco puede actuar como ventanilla de trámite. Una reforma de esta magnitud debe ser discutida artículo por artículo, con técnicos, sociedad civil, empresa privada, trabajadores, consumidores y expertos independientes. Ningún diputado debe votar a ciegas una ley que puede redefinir el futuro eléctrico del país.
La electricidad sostiene hospitales, escuelas, hogares, mercados, maquilas, empresas, barrios, aldeas y ciudades. No puede manejarse como un tablero de intereses.
Si la ENEE está quebrada, el Gobierno debe explicar quién la quebró, cómo la va a rescatar, cuánto costará, quién fiscalizará el proceso y qué candados impedirán que el patrimonio nacional termine convertido en negocio privado.
Porque una reforma sin blindaje público puede convertirse en un terremoto político.
Una reforma sin transparencia puede convertirse en crisis nacional.
Una reforma sin protección de bienes estatales puede abrir la puerta a la mayor entrega estratégica de los últimos años.
Honduras necesita una reforma eléctrica, pero una reforma patriótica, técnica, limpia, rentable y soberana. No una operación envuelta en palabras fuertes para esconder decisiones débiles.
Si la energía es Seguridad Nacional, entonces la ENEE debe protegerse como patrimonio nacional, no desarmarse en silencio. El Gobierno tiene la obligación de asegurar sus bienes, hacerla rentable y demostrar que la reforma no será una venta disfrazada de modernización. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
