Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La denuncia del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sacude el tablero político hondureño con una acusación de alto voltaje: empleados públicos vinculados a Libre estarían operando desde adentro del Estado para boicotear la gestión del presidente Nasry Asfura.
El señalamiento no es menor. Coloca al país frente a una posible crisis silenciosa dentro de las instituciones públicas, donde la disputa política ya no estaría únicamente en los discursos, en las bancadas o en las calles, sino en oficinas, plataformas, sindicatos, direcciones administrativas y estructuras estatales que deberían servir al pueblo hondureño.
Zambrano apunta directamente a una herencia institucional que, según su denuncia, habría quedado incrustada en dependencias del Gobierno con capacidad de frenar procesos, retrasar respuestas, bloquear decisiones o convertir el aparato público en una trinchera partidaria contra la nueva administración.
En términos políticos, la acusación abre una pregunta explosiva: ¿está gobernando Asfura con un Estado funcional o con una estructura interna diseñada para resistirlo desde adentro?
El presidente del Congreso sostuvo que Libre está infiltrado en instituciones, organizaciones públicas y plataformas del Estado, desde donde —según su lectura— se estarían promoviendo acciones para impedir que el Gobierno avance al ritmo prometido.
La denuncia golpea en un momento especialmente delicado. Honduras arrastra tensiones en salud, educación, empleo público, servicios básicos, conflictividad social, presión sindical y desconfianza ciudadana. En ese escenario, cualquier señal de sabotaje interno se convierte en gasolina política sobre una institucionalidad ya frágil.
Zambrano fue frontal al advertir que es necesario sanear la administración pública. Su mensaje va más allá de un simple cambio de personal: plantea una limpieza institucional para evitar que el Estado siga funcionando bajo lealtades partidarias contrarias al mandato del Gobierno actual.
La lectura es dura: si la denuncia se profundiza, el país podría estar frente a una disputa por el control real del Estado. No se trataría solo de quién ganó el poder formalmente, sino de quién controla los engranajes que hacen funcionar ministerios, direcciones, sistemas, oficinas, procesos administrativos y respuestas al ciudadano.
Para Zambrano, el Gobierno necesita colocar en las instituciones a personas comprometidas con el trabajo público, con la estabilidad nacional y con el proyecto gubernamental encabezado por Nasry Asfura, no funcionarios que —según su denuncia— permanezcan dentro del sistema para obstruirlo.
La acusación también instala una presión directa sobre el Poder Ejecutivo: si existen empleados actuando como operadores de boicot, el Gobierno deberá demostrar capacidad de mando, auditoría, depuración y control institucional sin caer en persecuciones políticas ni abusos administrativos.
El punto crítico está en el equilibrio. Sanear el Estado puede convertirse en una medida necesaria para recuperar eficiencia, pero también debe realizarse con legalidad, debido proceso y transparencia. De lo contrario, la crisis podría escalar hacia una guerra política por el empleo público.
Mientras tanto, el Congreso Nacional también mantiene en agenda la recomposición del sistema electoral. Zambrano recordó que los temas relacionados con el Consejo Nacional Electoral CNE y el Tribunal de Justicia Electoral TJE están siendo dialogados con las bancadas, en medio de una discusión que puede marcar el rumbo democrático del país.
La incorporación del consejero suplente Carlos Cardona al pleno del CNE fue presentada como una decisión para garantizar continuidad operativa, concluir procesos pendientes de la elección general y evitar que el organismo electoral quede paralizado en una etapa sensible.
Pero Zambrano fue más allá. Adelantó que la elección de sustitutos en órganos electorales deberá esperar reformas a la Ley Electoral, con candados institucionales que impidan repetir episodios de presión, bloqueo o ataques contra la democracia.
El mensaje político es evidente: el nuevo Congreso busca blindar el sistema electoral mientras denuncia supuestas estructuras internas de sabotaje heredadas del gobierno anterior. Esa combinación convierte el tema en una bomba institucional con impacto directo en la gobernabilidad.
La crisis ya no se limita a la acusación contra empleados de Libre. El verdadero fondo es más profundo: quién controla el Estado, quién responde al ciudadano, quién obedece la ley, quién trabaja para Honduras y quién utiliza la administración pública como campo de batalla partidario.
Si la denuncia de Zambrano escala, el Gobierno de Asfura podría entrar en una etapa de choque frontal con sectores instalados en instituciones públicas. Y si el Ejecutivo no responde con orden, pruebas, legalidad y firmeza, la narrativa del boicot podría convertirse en una crisis de gobernabilidad.
Honduras no necesita un Estado secuestrado por partidos ni una administración pública convertida en maquinaria de revancha. Necesita instituciones que funcionen, empleados que sirvan, autoridades que respondan y una democracia que no dependa del cálculo de grupos internos.
Si el boicot existe, debe investigarse; si hay infiltración partidaria, debe corregirse; si hay resistencia institucional, debe enfrentarse con ley, transparencia y autoridad. El país no puede pagar otra factura por guerras políticas dentro del Estado. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
