Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El Congreso Nacional abrió un nuevo frente de alta sensibilidad económica, comercial y política al aprobar una moción orientada a supervisar y regular los negocios chinos que operan en Honduras, una decisión que coloca bajo la lupa el cumplimiento tributario, aduanero, migratorio y comercial de estos establecimientos en el país.
La medida, aprobada con 81 votos a favor de 117 diputados presentes, no solo apunta a revisar la legalidad de las operaciones comerciales vinculadas a ciudadanos de origen chino, sino que también revive una tensión más profunda: el impacto que la relación Honduras-China ha tenido sobre sectores productivos nacionales, especialmente en el sur del país.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez, quien sostuvo que el propósito central es proteger a los comerciantes hondureños y verificar que los negocios extranjeros cumplan con las mismas reglas que exige la ley a cualquier empresa nacional.
El planteamiento coloca como primera institución llamada a actuar al Servicio de Administración de Rentas (SAR), entidad que deberá revisar si estos comercios están pagando correctamente sus impuestos, declarando sus ingresos y operando dentro del marco fiscal hondureño.
La moción también incorpora a la Administración Aduanera de Honduras, con el fin de revisar el ingreso de productos chinos al territorio nacional, el pago de tributos aduaneros, la trazabilidad de las importaciones y el cumplimiento de los procesos legales establecidos para la comercialización de mercancías.
Otro punto de alto interés es la participación del Banco Central de Honduras (BCH), al que se le solicita observar posibles movimientos de divisas hacia China. Este componente eleva el debate más allá del comercio minorista, porque introduce una dimensión financiera sobre el comportamiento del capital generado por estos negocios en el país.
La Secretaría de Industria y Comercio también entra en la ecuación, especialmente en lo relacionado con permisos de operación, calidad de productos, competencia comercial y protección del consumidor hondureño.
A la vez, el Instituto Nacional de Migración deberá verificar el estatus legal de los propietarios de estos negocios, así como el cumplimiento de la normativa migratoria vigente, un punto que vuelve más delicada la discusión por el cruce entre economía, legalidad y presencia extranjera.
Durante el debate, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, vinculó el crecimiento de esta discusión con las consecuencias económicas que, según afirmó, han golpeado a los departamentos de Choluteca y Valle desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Honduras y China bajo el gobierno del Partido Libertad y Refundación.
Zambrano aseguró que la falta de acuerdos comerciales favorables afectó directamente al sector camaronero, provocando el cierre de empresas y la pérdida de aproximadamente 15 mil empleos en la zona sur del país.
El congresista cuestionó que Honduras no haya logrado garantizar condiciones de compra para el camarón hondureño similares a las que, según su criterio, existían con Taiwán, lo que convirtió el tema comercial en un punto de confrontación política de alto voltaje.
En ese escenario, la moción aprobada adquiere una lectura más amplia: no se trata únicamente de revisar negocios chinos en Honduras, sino de abrir un debate nacional sobre competencia justa, protección al comerciante hondureño, empleo local, tributación, importaciones, fuga de divisas y política exterior.
Por su parte, el diputado del Pinu-SD, Cárlenton Dávila, expresó respaldo a la protección de los comerciantes nacionales, aunque advirtió que cualquier medida debe manejarse con límites razonables para no dañar la actividad económica ni generar decisiones que puedan afectar el flujo comercial.
El debate deja instalada una pregunta central para el país: si Honduras busca abrirse al mundo, también debe demostrar que puede hacerlo con reglas claras, supervisión real y defensa efectiva de sus sectores productivos.
La supervisión aprobada por el Congreso marca un momento decisivo para medir si el Estado hondureño tiene capacidad de proteger la economía nacional sin caer en excesos, improvisaciones ni vacíos institucionales. —Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
